Paraguay ante el EPU 2026: entre el cumplimiento formal y la deuda estructural en derechos humanos

El cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Paraguay ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas confirma una tendencia que no es exclusiva del país, pero que en este caso adquiere particular claridad: la distancia entre el desarrollo normativo y la efectividad real de las políticas públicas en derechos humanos.

Fuente ONU: captura de pantalla de la transmisión en vivo.

El EPU, en tanto mecanismo de revisión entre pares, tiene una virtud metodológica clave: obliga a contrastar compromisos asumidos con resultados observables. En el caso paraguayo, esa contrastación vuelve a concentrarse en núcleos temáticos persistentes: espacio cívico, igualdad y no discriminación, derechos de pueblos indígenas, y derechos de mujeres, niñez y adolescencia, que ya habían sido objeto de recomendaciones en ciclos anteriores.

La reiteración no es menor. Es indicativa de un problema estructural.

De la adhesión normativa a la implementación efectiva

Paraguay ha demostrado, en los últimos años, una capacidad sostenida para integrarse a marcos internacionales de derechos humanos, así como para desarrollar instrumentos institucionales de seguimiento, como el sistema SIMORE Plus. Este tipo de herramientas representa un avance significativo en términos de ordenamiento, trazabilidad y transparencia formal.

Sin embargo, el desafío central ya no reside en la incorporación de estándares, sino en su traducción en políticas públicas efectivas.

En términos analíticos, esto supone pasar de un modelo de cumplimiento formal (basado en la adopción de normas y reportes) a un modelo de implementación sustantiva, donde el foco esté puesto en resultados verificables: reducción de brechas, acceso efectivo a derechos, y mecanismos de reparación.

Tres nudos críticos del ciclo 2026

A partir de las discusiones del EPU, es posible identificar tres nudos estructurales que condicionan la capacidad del Estado paraguayo para avanzar en esa transición.

1. La persistencia de sistemas orientados al proceso, no al resultado: El énfasis en el cumplimiento procedimental (planes, registros, reportes) ha permitido sostener una narrativa de avance, pero no necesariamente una transformación en las condiciones de vida de las personas. La ausencia de indicadores robustos de impacto limita la capacidad de evaluar políticas y ajustar intervenciones.

2. La fragilidad del espacio cívico como condición habilitante: El espacio cívico no es un componente accesorio del sistema de derechos humanos, sino una condición estructural para su funcionamiento. Las tensiones observadas (incluyendo iniciativas normativas que podrían restringir la acción de organizaciones de la sociedad civil) generan un efecto directo sobre la calidad de la gobernanza y la posibilidad de implementar políticas con control social efectivo.

3. La territorialización incompleta del Estado: Las recomendaciones relativas a pueblos indígenas y acceso a servicios básicos reflejan una brecha persistente en la capacidad estatal de operar en contextos rurales y territorios históricamente excluidos. Esto evidencia limitaciones no solo de recursos, sino de diseño institucional, coordinación intersectorial y enfoque intercultural.

Las contradicciones como indicador de gobernanza

Uno de los elementos más relevantes del EPU 2026 no es únicamente el contenido de las recomendaciones, sino la visibilización de contradicciones entre el discurso estatal y los reportes de la sociedad civil.

Estas tensiones, en materia de libertad de asociación, derechos sexuales y reproductivos, o protección de territorios indígenas, no deben leerse únicamente en clave política, sino como indicadores de debilidad en los sistemas de implementación y rendición de cuentas.

En otras palabras, no se trata solo de voluntad, sino de arquitectura institucional.

Una oportunidad: hacia la debida diligencia estatal en derechos humanos

El valor estratégico del EPU radica en su capacidad de orientar reformas. En este ciclo, las recomendaciones apuntan a elementos concretos: adopción de legislación antidiscriminatoria, fortalecimiento del financiamiento en salud, establecimiento de metas verificables, y mejora de la protección a defensores de derechos humanos.

La oportunidad está en articular estos elementos bajo un enfoque integrado de debida diligencia estatal en derechos humanos.

Esto implica:

• identificar riesgos estructurales de vulneración de derechos,

• establecer medidas preventivas y correctivas,

• monitorear resultados con indicadores verificables,

• y garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Este enfoque (por cierto, ampliamente desarrollado en el ámbito empresarial) comienza a consolidarse también como estándar para la acción estatal.

Conclusión: de la promesa a la garantía

El EPU 2026 no introduce diagnósticos novedosos, pero sí refuerza la urgencia de una transición pendiente: pasar de la promesa normativa a la garantía efectiva de derechos.

Para Paraguay, esto supone un desafío institucional profundo, pero también una oportunidad estratégica: consolidar un modelo de política pública basado en derechos humanos que no se mida por su diseño, sino por su impacto.

Cerrar esa brecha no es solo una obligación internacional. Es, en última instancia, una condición para la legitimidad del propio Estado.

Emilio Andrés Vázquez

Director del CEDH | Doctor en Derecho Público

Experto en derechos humanos, políticas públicas y debida diligencia

Para acceder al informe completo, visite: https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/upr/py-index

Enlace directo a la grabación: Paraguay Review - 52nd Session of Universal Periodic Review